• 32 proyectos productivos se ejecutan en 15 departamentos del país por valor de 112.000 millones. Estos proyectos impactan directamente a 1512 mujeres, 1526 víctimas del conflicto armado y 402 jóvenes.
• La ADR (entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) invirtió 74.000 millones para rehabilitar y potencializar nueve distritos de riego en todo el país.

Con una inversión conjunta de 186.000 millones de pesos, en solo cuatro meses, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el campesinado fortalecen de manera directa las capacidades productivas de 5.253 familias en 15 departamentos del país, con una cobertura de 22 municipios PDET, es decir, aquellos afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Esto se logra con la implementación de 32 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), por valor de 112.000 millones de pesos. Adicionalmente, la Agencia hace una inversión por 74.000 millones de pesos en compra de maquinaria amarilla y rehabilitación de distritos de riego en todo el país, con lo cual se adecúan las tierras de 27.000 familias.

 De estas alianzas público-populares, 13 son territoriales y 19 forman parte de los Proyectos Estratégicos Nacionales. Cuatro de estos son de alto impacto por las características históricas y sociales de los territorios donde se desarrollan.

Tales acciones expresan la eficacia por la que vela la ADR. Así lo afirmó el presidente de la ADR, Luis Alberto Higuera: “Además de los 32 proyectos que aprobamos en solo cuatro meses de la vigencia 2023, logramos reactivar otros 11 de vigencias anteriores que estaban desahuciados, ya fuera por razones financieras o simplemente por falta de decisiones administrativas”.

• El Pato (San Vicente del Caguán). En esta región con una historia de violencia y olvido, se desarrolla un proyecto para potenciar la producción de fríjol, café y plátano que fortalece su comercialización eliminando intermediarios. Con una inversión de 9.000 millones de pesos se impactan de manera directa 390 familias representadas por 134 mujeres, y 800 familias de forma indirecta.
• Santander de Quilichao (Cauca). En este municipio se desarrolla un proyecto que pone el énfasis de la producción agroindustrial en los saberes y las prácticas ancestrales de sus pueblos indígenas. Se pondrá en funcionamiento un centro de acopio para el procesamiento de plantas aromáticas y medicinales. Esta alianza público-popular tiene un valor total de 7.240 millones de pesos y moviliza, de manera indirecta, 135.000 familias alrededor de la medicina propia.
• Ovejas (Sucre). En la hacienda La Europa, cuyos propietarios fueron víctimas del desplazamiento forzado, la ADR hace una intervención social con miras a la reparación de 119 familias, mediante un proyecto de cultivo tecnificado de cáñamo de cannabis, por valor de 5.400 millones de pesos. Esta es una alternativa sostenible para la producción de telas, papel y suplementos alimentarios.
• Tumaco (Nariño). Con este Proyecto Estratégico Nacional, por valor de 6.000 millones de pesos, 496 familias cacaoteras mejorarán los procesos de producción y comercialización. A su vez, 1.984 familias más se verán impactadas de manera indirecta. “Este proyecto nos da ganas de seguir avanzando, porque hay articulación y apoyo por parte del Gobierno a través de 6.000 millones de pesos que van a llegar de forma directa a estas seis organizaciones de cacao”, dijo Hermes Klinger, un productor de cacao de la región.

Adicionalmente, la Agencia de Desarrollo Rural cerró el 2023 con la entrega de recursos por 74.000 millones de pesos en maquinaria y rehabilitación de los distritos de riego para los departamentos de Atlántico, Boyacá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle del Cauca, en donde se intervinieron más 32.000 hectáreas de tierra para la producción de alimentos con el trabajo de 27.000 familias.

La inversión de 186.000 millones de pesos es una acción del Gobierno nacional para democratizar el acceso al agua, aumentar la producción alimentaria, reducir la brecha entre el campo y la ciudad e implementar la Reforma Rural Integral, como se estableció en los acuerdos de paz de La Habana.