Por: Equipo de prensa ADR

• Desde el 2023 la Agencia de Desarrollo Rural viene trabajando en una profunda transformación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, con el fin de lograr los objetivos de la Reforma Rural Integral.
• Se avanza en el acompañamiento a los 32 departamentos, para la construcción de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) durante el periodo 2024-2028.
• Habrá un modelo de territorialización de la extensión agropecuaria, de manera que se tengan en cuenta las particularidades regionales y que el servicio de extensión agropecuaria lo presten extensionistas locales.

Bogotá D.C., 3 de junio de 2024 (@ADR_Colombia). Con la creación de la Ley 1876 de 2017, que dio vida al Servicio Público de Extensión Agropecuaria, este ha tenido diferentes obstáculos y demoras en su implementación. Tales dificultades han llevado a que los principales receptores de la extensión agropecuaria, es decir, los productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) sean los más afectados.

En sintonía con esto, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, destacó que el diagnóstico de la Contraloría General de la República (Evaluación de la implementación y el funcionamiento del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, en el marco de la Ley 1876 de 2017 durante el periodo 2018 – 2023), servirá para hacer que este servicio llegue a quienes lo necesitan: “El informe de la Contraloría es de excelente recibo por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, porque lo encontramos muy acertado. Y creemos que documentos como este ayudan en mucho a lograr el desarrollo.  Por tanto, los aportes de la Contraloría se tomarán muy en cuenta por parte de la ADR, incluso para el nuevo diseño de la política. Estas duras realidades nos muestran que hay que construir caminos entre todos para mejorar”, dijo Higuera.

Ante esta realidad, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) viene trabajando desde el 2023 en una profunda transformación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, de manera que se puedan alcanzar los objetivos de enfoque, pertinencia, eficacia y calidad que se requieren para dar impulso a la Reforma Rural Integral en la que está empeñado el Gobierno nacional.

Una de las acciones que viene implementado es la cofinanciación del servicio de extensión agropecuaria en los 32 departamentos del país, a través de ocho convenios interadministrativos con universidades públicas, y un contrato estatal con una EPSEA privada. Esto ha permitido que hoy se tenga una cobertura nacional de 122.228 usuarios.

Asimismo, con el propósito de continuar avanzando en las transformaciones del modelo de extensión agropecuaria y de mitigar posibles riesgos en el aplazamiento de la prestación del servicio a las familias rurales, especialmente de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, desde la Dirección de Asistencia Técnica de la ADR se ha diseñado una estrategia para la extensión agropecuaria, que incluye varias acciones encaminadas a cumplir los objetivos de la Reforma Rural Integral. 

La primera de ellas es el acompañamiento a los 32 departamentos para la construcción de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) para el periodo 2024-2028, de acuerdo con los nuevos lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 096/2024. Esta resolución fue construida de manera conjunta entre el MADR y la ADR, y en ella se incorporan importantes enfoques como el territorial, de género, de transición hacia la agroecología, de construcción de paz, de soberanía alimentaria y derecho humano a la alimentación, entre otros.

La segunda medida tiene que ver con la implementación de la escuela nacional de promotores y extensionistas para la Reforma Rural Integral, bajo el enfoque de formación de formadores. Esta escuela está orientada a fortalecer capacidades sociales, productivas, asociativas y de participación, de manera que se brinden herramientas técnicas para la prestación del servicio de extensión agropecuaria bajo principios de diálogo de saberes e innovación colaborativa. 

Igualmente, la ADR está trabajando en un modelo de territorialización de la extensión agropecuaria, de modo que se tengan en cuenta las particularidades regionales y que las EPSEA presten el servicio de extensión Agropecuaria en sus territorios con extensionistas y promotores rurales de sus localidades.

En la misma dirección, la ADR avanza en la gestión de vigencias futuras para la prestación del servicio de extensión agropecuaria por un periodo mayor a 6 meses, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.

Finalmente, con relación al Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), es importante mencionar que, acorde con lo contemplado en la Ley 1876 de 2018, este se debía reglamentar posterior al año 2018. Sin embargo, en el actual periodo se viene avanzando desde el MADR y la ADR en la elaboración del respectivo manual operativo, lo cual permitirá definir los lineamientos para la identificación de fuentes de financiación y su respectiva operación en función de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en el país.