• La Directiva Presidencial N.9, del 15 de octubre de 2024, ordena que las entidades  publicas compren a los pequeños y medianos productores un mínimo del 30% de los recursos destinados a la adquisición de alimentos.

Bogotá, 28 de noviembre de 2024 (@ADR_Colombia). En un esfuerzo por consolidar la participación de pequeños productores en los mercados de compras públicas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), instaló hoy la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos (MTNCPLA). El evento tuvo lugar en la sede de la Federación Nacional de Departamentos.

La sesión, liderada por el presidente de la ADR, César Pachón, reunió a entidades clave del Gobierno nacional, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Colombia Compra Eficiente, el Ejército Nacional, Invima, el Departamento Nacional de Planeación y representantes del campesinado, entre otros participantes. Este espacio busca implementar la Directiva Presidencial No. 9 del 15 de octubre de 2024 y los lineamientos de la Ley 2046 de 2020, que promueven la inclusión de pequeños productores locales en las compras públicas de alimentos

Durante la instalación, el presidente César Pachón destacó la importancia de darle impulso a las compras públicas: “Es un reto muy importante y el objetivo de esta mesa es alcanzarlo. Agradecemos al ICBF, que ya ha asignado un rubro significativo para comprar productos de la economía familiar, campesina, étnica y comunitaria. Sabemos que el Gobierno nacional invierte billones de pesos en compras públicas, pero lo que llega a los pequeños productores es insuficiente. Este es nuestro desafío y compromiso”.

La Mesa de Compras Públicas busca consolidarse como un pilar de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral y promueve que los campesinos se conviertan en proveedores del Estado. El encuentro permitió exponer avances, propuestas y desafíos de los comités participantes y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del agro colombiano.

Esta estrategia busca mejorar la economía de las comunidades rurales y garantizar que las compras públicas sean un motor de desarrollo sostenible para la agricultura familiar y comunitaria, reforzando la conexión entre el campo y el Estado.