“Tenemos las manos y el corazón bien puestos” Aliada del proyecto Mochalito
El paisaje no puede ser más hermoso y sin embargo asusta todavía. Después de salir de la carretera y entrar por una trocha, a 45 minutos de Montería está el corregimiento Punta de Yáñez, del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) y el sitio denominado Puerta de la Cruz, por donde se llega a la finca Mochalito. Todo es muy cerca y, sin embargo, es fácil sentirse lejos, como en otro tiempo. Casi sin vías de acceso y con grandes extensiones de paisajes vacíos, se nota con facilidad por qué esta tierra fue usada como el lujoso escondite del crimen, hace apenas dos décadas.
Pero de eso no quiere hablar nadie. Ni Luz Mery Correa, quien lleva décadas defendiendo en su vereda el humedal Ciénaga de Corralito, junto con sus compañeras y compañeros de la Asociación de Pescadoras y Pescadores Artesanales y Cultivadores Indígenas de Severá, Cereté —APACIS—. Ella prefiere hablar del nuevo proyecto en que se ha embarcado con su asociación y explicar la organización detallada de su trabajo agrícola. Entonces señala unas carteleras de papel periódico que traen al presente la escena extraña de una finca de recreo del narcotráfico habitada por campesinas y campesinos.
"Tenemos una alianza con la ADR, que nos va a dar un proyecto y nos va a ir muy bien”. Luz Mery Correa
Su alegría es contagiosa, ruidosa, interminable, pero sobre todo, sorprendente. Veinte años atrás, su familia y el pueblo de su madre, una indígena wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron víctimas de la violencia despojadora que mató el río Ranchería para dar paso a la represa de El Cercado. Quizá de ahí le viene su amor por el agua, recurso que defiende en Cereté, en Montería y ahora en Mochalito donde, mientras cae la tarde, convierte el gesto sencillo de alimentar las cachamas en una fiesta comunitaria.
Ya durante la entrevista se muestra enfática al contestar: “Esta finca era totalmente ganadera, pero nosotros tenemos las manos y el corazón bien puestos, y la vamos a volver agrícola. Hoy en día hemos sembrado fríjol, pepino, yuca; tenemos berenjena, tenemos gallinas y estamos en la lucha de sacarla adelante.
Tampoco quiere hablar del pasado el presidente de APACIS, Edilberto Cogollo. Silencioso y sereno, conocedor de la tierra que está pisando, prefiere hablar de lo que le brota: el maíz, el arroz, el pescado y el alimento para el ganado que rodea el humedal de la finca, y que él ya adoptó con orgullo. “Aprovechando que tenemos una represa que está aquí detrás de mí, estamos cultivando la cachama gris y blanca.
Con esa vocación la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura estructuró este proyecto, pensando no solo en maquinaria e insumos sino en el apoyo a la organización campesina, en el servicio de extensión agropecuaria a partir del diálogo de saberes y en las posibilidades de comercialización de los productos a nivel local y nacional: “Existen compradores directos para el arroz, para el maíz existen algunas industrias y para la yuca industrial, a nivel nacional, los principales compradores de este producto son las empresas productoras de almidón industrial, ubicadas en municipios de los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre. Adicionalmente, las empresas que producen alimentos balanceados para animales, rayanderías artesanales e informales de Sucre, Córdoba y Cauca, así como ganaderos en época de verano”, se expone en la sustentación del Pidar 077 de 2024, que, con una inversión de 4.850 millones de pesos, le dio vida a esta utopía.
"Para nosotros esto es grandioso, es bendito. Esperamos que llegue este proyecto de la ADR representado en maquinaria. Es clave poder mecanizar el trabajo… Porque sería muy duro a punta de machete". Edilberto Cogollo
Daily Muñoz es una joven madre de Puerta de la Cruz y forma parte de las 26 familias de la zona más cercana a Mochalito que desafiaron el pasado y entraron a la finca con sus compañeras de ANUC-UR y APACIS. Ella dice que heredó de sus antepasados la lucha por esta tierra. Sus primeros recuerdos son de cuando sus abuelos caminaban por los predios y les tocaba “pajarear” el cultivo de arroz. “Eso es cuando el cultivo está produciendo y los pájaros empiezan a comérselo: toca armar una troja, subirse ahí y con hondas echar a los pájaros y hacer que la honda truene para que los pajaritos se vayan de ahí. Todo esto es lindo y me gustaría enseñárselo a mis hijos, en vez de que anden pegados al internet”.
El pasado
Y preferiría no hablar del pasado —pero debe hacerlo— José Luis Ayala, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) y vicepresidente de APACIS. Es un hombre joven para el peso de la historia que carga sobre sus hombros y las cosas que sabe sobre la guerra que despojó a tanta gente.
Detrás de él está la casa lujosa, una huella envejecida del pasado de donde sobresale un techo rojo que escondía armas y cocaína hace más de dos décadas. En el patio de en medio, una lona negra cubre lo que parece una obra en eterna construcción. Es una piscina que no funciona porque mantenerla vale 500.000 pesos mensuales. ¿Qué harían las y los campesinos con una piscina? En otros tiempos eso era un gasto básico del sitio de recreo de paramilitares y narcotraficantes, lugar de desfile de jóvenes mujeres que eran parte de los artículos de consumo de aquella economía de sangre y machismo.
“El tema con Mochalito es bastante histórico: tiene más de 20 años, donde el Gobierno nacional se dio cuenta de que había sido adquirida con dineros del narcotráfico. Se produjo el proceso de extinción a un narcotraficante y pasó a manos de la SAE”, recuerda José Luis. Pero la extinción quedó en el papel hasta hace muy poco, y las tierras siguieron en manos de familiares o testaferros de su antiguo propietario. “A la gente le decían que si entraba a esta finca la iban a matar”, murmura otra persona en una conversación que no ha querido que se grabe en cámara.
La historia de la que nadie quiere hablar comenzó el 2 de julio de 2004. Alveiro Monsalve, encargado de las finanzas de Luis Hernando Gómez, alias “Rasguño”, se había sometido a la justicia estadounidense. Durante ese proceso, la fiscal Bonnie Klapper lo convenció de que revelara todas las maniobras financieras que utilizaban Gómez Bustamante, su esposa, sus nueve hermanos y 11 de sus cuñados para ocultar el dinero ilícito.
Con las delaciones de Alveiro Monsalve, fue posible detectar los bienes y las sociedades de fachada de Gómez Bustamante, y la incautación que empezó en Cartago —su centro de operaciones como jefe del Cartel del Norte del Valle, donde poseía el 58% de las tierras del municipio— se extendió a Montería, Medellín, Cali y Pereira. Las dos haciendas más grandes expropiadas en esta operación fueron Vergel, en Cartago (con una extensión de 450 hectáreas), y Mochalito, en Montería (de 749 hectáreas).
Pero sólo 20 años después, hace siete meses, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó realmente la finca Mochalito de manos de testaferros y la entregó en comodato a 21 familias de ANUC-UR Ciénaga de Oro, 43 de APACIS, y 26 del corregimiento Punta de Yáñez.
“Cuando llegó la SAE, le exigimos al doctor Daniel Rojas que no nos entregara por entregar. Si no, ¿cómo vamos a producir?” José Luis Ayala
El futuro
“A raíz del pensamiento de nuestro presidente Gustavo Petro de que la tierra tiene que ser para el campesino, la orden que emitió fue que las tierras se distribuyeran. Y gracias a Dios logramos que tuviera a bien escoger a ANUC-UR como organización nacional y APACIS como organización base para beneficiar a 100 familias”, apunta José Luis. Pero los nuevos poseedores en comodato pronto exigieron que la tierra no se entregara sola.
Para responder a esta exigencia, se estructuró desde la Agencia de Desarrollo Rural este proyecto llamado “Fortalecimiento de las capacidades productivas campesinas de los beneficiarios adscritos al predio Mochalito bajo la Reforma Rural Integral, en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba”, uno de los tres que entregó el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, en su reciente visita a la sede de Almagrario en Montería.
Allí, en el inicio de su Gobierno con el Caribe, el presidente resaltó el significado de este proyecto más allá del monto (una suma histórica, si se tiene en cuenta que hasta hace apenas dos años los Proyectos de la ADR no superaban los 600 millones de pesos). “Si entregamos 5.000 millones, no 3 millones, a una asociación cooperativa campesina para producir alimentos, estamos cambiando completamente el modelo económico de Colombia. No le estamos entregando 5.000 millones al grupo poderoso de la economía, sino a unas campesinas y unos campesinos para que progresen, vivan mejor y ayuden a que nos alimentemos”, concluyó el mandatario entre aplausos entusiastas.
El trabajo riguroso de construir un proyecto a la altura de los sueños de las y los campesinos de Mochalito alcanza su punto de llegada, su primera recompensa, en este acto solemne, pero sobre todo en el entusiasmo de José Luis cuando habla de la esperanza, la paz, la felicidad, los otros frutos que da esta tierra, “la que favoreció a uno, y ahora es para 100”, reflexiona como quien se anima a hablar del futuro. La proporción, ya considerable, lo es más si se piensa que no se trata de 100 personas, sino de 100 familias que ahora habitarán y sembrarán las 749 hectáreas de esta tierra que ahora será una promesa cumplida.
